Se ganó la calle, hay más visibilización que nunca, pero casi a diario nos sacudimos con la noticia de una menos. Una respuesta adecuada (e integrada) del Estado y la Justicia, más educación y un involucramiento real de todos los actores son algunas de las cuentas pendientes.
Todas las personas deberíamos ser libres de hacer, sentir, decir, amar, relacionarnos sexualmente, vestir, estudiar y trabajar y vivir dónde y cómo queramos.
Pero si en Argentina sucede un femicidio cada 23 horas, significa que esa premisa tan básica está lejos de cumplirse y que la violencia machista tiene estructuras rígidas sobre las que puede erigirse y salirse de la norma a su antojo.
El corset cultural detrás de esa realidad aprieta como una pinza: la mujer es santa y madre o prostituta y atorranta (y las de esta última categoría, claro, son descartables).
Estamos ante una problemática entretejida con hilos que terminan anudándose: el aspecto psicológico –que hace que algunos encajen como anillo al dedo en el molde rígido del machismo-, el policíaco legal –donde el patriarcado sigue siendo el telón de fondo- el sociológico –que implica una desigualdad estructural y estereotipos culturales de género. ¿Cómo salir del laberinto?
A fines de marzo pasado, el padrón autogestionado Observatorio Lucía Pérez contabilizaba 81 femicidios, 127 marchas y movilizaciones y 65 huerfanxs por violencia patriarcal desde principios de 2021. Apenas 25 días después, la misma organización mostraba la dureza de la actualización de los datos: 101 femicidios, 142 marchas y 80 huerfanxs.
Por su parte, la Línea 144 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad recibió 29.706 comunicaciones durante 2020. Pero además hay provincias que tienen líneas propias de atención y que producen sus informes.
No es casual que lograr una estadística nacional sea todo un desafío: hasta hace poco la violencia machista era contundente pero invisible.
En noviembre de 1983, Mabel Montoya, una promotora de artículos del hogar, saltó de un cuarto piso para evitar ser violada por un cliente. Murió en el hospital y su fallecimiento dio origen al Tribunal de Violencia Contra la Mujer, una organización que nucleó a feministas que por primera vez se movilizaron públicamente denunciando la violencia en contra de las mujeres y los crímenes sexuales, un tema tabú para la época.
Muchos casos con desenlaces fatales fueron primero denuncias no suficientemente escuchadas.
Melisa García es presidenta de ABOFEM, una asociación de abogadas feministas, afirma que el patriarcado sigue estando vigente en la estructura del poder judicial, en su diagrama y en la forma de elección y manifestación de sus integrantes. Tomando en cuenta que cada territorio tiene sus propias particularidades, Varsky asume que hay que avanzar en transformaciones concretas en las fuerzas de seguridad, en los poderes judiciales, capacitando a quienes trabajan en distintos organismos para que estén preparados y sepan detectar el grado de riesgo latente en cada caso.
El desafío es desarmar roles, mandatos y estereotipos de género desde los primeros años de vida de las personas. Para la socióloga Dora Barrancos, el Estado tiene que invertir en la educación para cambiar la currícula escolar y formar con perspectiva de género a los agentes educativos y a todos los recursos humanos de las fuerzas de seguridad.
Hablar de femicidios angustia. Pero concientizarnos sobre el poder que vamos ganando y las variables que están en juego son llaves para transformar la realidad y darnos una vida donde seamos libres. De hacer, sentir, decir, amar, relacionarnos sexualmente, vestir, estudiar, trabajar dónde y cómo queramos.
Texto de Valeria García Testa
por Sara González Velásquez
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