El Caso Vicentín tiene un lado judicial, también tiene un lado económico y algunos arriesgan que además tiene un fuerte costado ideológico, ya que la palabra “expropiación” suena demasiado a chavismo, aunque la conclusión me resulta demasiado superficial: una expropiación es un instrumento, no una idea en sí misma, y debe ser analizada desde varios puntos de vista. Quién expropia. Qué está expropiando. Para qué lo hace. Y lo más importante, que no podemos saber ahora porque va a tardar en suceder: cómo va a funcionar la medida en manos de YPF, que desde 2012 es una empresa mixta gobernada por el Estado nacional y con fuerte injerencia de las provincias.
Pero aparte de lo judicial, lo económico y lo pretendidamente ideológico, el Caso Vicentín tiene un fuerte contenido político:
1) Es de un facilismo sospechoso concluir que esto consolida al presidente Alberto Fernández como un “títere” de Cristina Kirchner, sólo por el peso simbólico de la palabra “expropiación” y porque el proyecto va a entrar al Congreso Nacional por el Senado. Esa lectura irritada pierde de vista el papel del gobernador santafesino en la movida (Omar Perotti jamás fue kirchnerista) y que la propia Cámara Alta es territorio de las provincias.
2) Hay un mensaje directo a los cientos de productores que Vicentín dejó en la lona. Se trata sobre todo de empresas agropecuarias medianas de la zona más rica del país, donde se asientan las protestas del campo y los votos del macrismo. Santa Fe es el tercer distrito electoral.
3) El Grupo Vicentín ha tenido una gran influencia política, al punto de haber querido incluso controlar directamente la gobernación de Santa Fe, su provincia de origen.
Todavía no se cumplen dos años de aquel intento, que entonces no sacudió fuerte al peronismo, sino a la interna de Cambiemos y al propio gabinete de Mauricio Macri presidente, apoyado con entusiasmo y millones por el grupo…
Resulta que entre mediados y fines de 2018, con apoyo de la muy influyente Fundación Libertad, unas 30 empresas de primera línea y el en ese momento ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ala anti-política del PRO quiso colocar a Gustavo Nardelli como candidato, para evitar que el postulante surgiera de la UCR o incluso del ala política macrista.
Nardelli, parte de la familia Vicentín y referente más visible de la empresa, ejercía gran predicamento social sobre todo desde la conducción de la Terminal Puerto Rosario. (Se hizo famoso el 23 de marzo pasado, cuando la Prefectura lo detuvo junto a su esposa en el kilómetro 426 del Río Paraná, por violar la cuarentena a bordo de su encantador yate bautizado “Champagne”. Ya estaba procesado por desfalco presunto fraude al Banco Nación).
Pero en 2018, la precandidatura a gobernador de Nardelli estuvo a punto de convertirse en un escándalo.
Elisa Carrió, la aliada más incómoda del macrismo durante sus cuatro años de gestión, insinuó con vehemencia que iba a denunciar a los “intereses del narcotráfico metidos en los puertos cerealeros del país”, de los cuales el de Rosario es el principal, con Vicentín como una de las agroexportadoras estelares. Lilita le hizo llegar el mensaje contra la movida de su ministro y amigo al propio Macri, lo que se interpretó más que nada como un intento por defender al candidato santafesino de la Coalición Cívica y entonces embajador en Uruguay, Mario Barletta, que al final le cedió el puesto a su ex correligionario José Corral.
Digamos que, aquella vez, la sangre no llegó al río.
por Edi Zunino
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