El fin de semana o a más tardar el lunes, la Corte Suprema le va estar respondiendo a Cristina Kirchner sobre su pedido para que el Máximo Tribunal se constituya en garante de las sesiones virtuales del Congreso para votar nuevos impuestos.
La vicepresidenta teme que esas eventuales decisiones terminen siendo cuestionadas judicialmente y nada de lo resuelto se pueda aplicar, por lo menos con la rapidez necesaria frente a la escasez de recursos fiscales.
Por ahora, cada juez trabaja por su lado en modo remoto. Lo cual, en varios casos, significa tres veces más presión para sus asesores. Ya está probado: la distancia del home office genera inseguridades y ansiedades extras en quienes conducen estructuras complejas.
El tema en discusión depende casi en un cien por ciento de una interpretación de la Constitución sobre la división de poderes en situaciones de emergencia. Y esta Corte Suprema tiene dos convencionales constituyentes del ’94: el cordobés Juan Carlos Maqueda y el santafesino Horacio Rosatti. Que además son peronistas, lo cual no sé exactamente qué querrá decir en este caso pero algo, seguro, quiere decir porque estamos en la Argentina y tenemos un gobierno peronista.
En principio, la presentación de Cristina entró mal en la Corte. El escrito tenía fallas formales que se debieron corregir, el procurador Eduardo Casal recomendó rechazarlo y, a priori, entre los magistrados se lo consideró “una herramienta muy floja y superficial cuyo único punto indiscutible es su peso político”.
La preocupación es “legítima”, al menos según dos jueces consultados: si en tiempos normales muchas decisiones parlamentarias debieron ser analizadas por la Corte Suprema, ¿por qué no va a suceder eso mismo ahora, si se sesiona de un modo novedoso, poco ortodoxo y difícil de controlar?
Pero el tema de fondo es la sustentabilidad jurídica de la medida solicitada, que hasta cuestionaron cristinistas puros como Raúl Zaffaroni y Horacio Verbitsky. A eso se le llama “fuego amigo”.
Con la misma carga irónica, señalan que esta semana el presidente Alberto Fernández vio alterado su calmo manejo de la situación por lo que llaman “las dos P”, en referencia a Horacio Pietragalla y Graciana Peñafort. El secretario de Derechos Humanos había pedido que Lázaro Baéz sea trasladado a su casa y la abogada general del Senado hizo la presentación de CFK ante la Corte. Ambos son ultra-kirchneristas.
En ese clima deciden los jefes del Poder Judicial sobre algo que puede significar o no que las arcas del Estado no hagan agua antes de tiempo.
por Edi Zunino
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