Alberto Fernández era jefe de gabinete cuando Néstor Kirchner “ascendió” a los aguerridos grupos piqueteros a movimientos sociales y, con ello, empezó a despejar las calles y las rutas, convertidas en el escenario más humeante (y trágico) de la hecatombe del 2001/2002.
El arrastre de la llamada “deuda social” sin soluciones estructurales y la lluvia sobre inundado que ahora suma la pandemia, vuelven a colocar a la pobreza en un pico alto. Medio país está debajo de la línea. UNICEF proyectó que, para fin de año, el 65% de nuestros menores de 17 años van a ser pobres. Es dramático. Pero los movimientos sociales y, por ende, la conflictividad social ya no son los mismos.
Eso tuvo y tiene su lado, digamos, bueno: a diferencia del 2001/2002, el sistema político logró recomponerse y, no sin chispazos ni polémicas o salidas de tono, los movimientos sociales se incorporaron a ese esquema de representación, conteniendo el conflicto y hasta siendo, bastante literalmente, garantes de la gobernabilidad. Incluso del macrismo, con el que se llevaron (y se llevan en CABA) muy bien.
Claro que eso fue agrandando su poderío, a la vez que incorporándolos a distintos dispositivos de disputa del poder. Hoy tienen legisladores y funcionarios políticos en todos los niveles (municipal, provincial y nacional), e inciden directamente en el manejo de muchísima plata:
• Manejan los 5.000 millones de pesos correspondientes al 70% de los planes sociales.
• Opinan en la distribución de otros 9 millones de subsidios instituidos para atender los efectos de la pandemia.
• Y están a punto de manejar 8.500 millones de pesos del plan de infraestructura urbana en 4.400 barrios populares, que pueden llegar a ser más de 15.000 millones de pesos de aprobarse el impuesto a la riqueza, ya que un 15% de lo recaudado iría a parar ahí.
Esos programas significarían trabajo directo para desempleados (esta semana llegamos al pico de 13.5% de desocupación) organizados en cooperativas dependientes de los propios movimientos sociales.
Ese parece ser el modelo productivo, pero faltan conocerse (y que funcionen) los mecanismos de control para el manejo de semejante caja. Más allá de lo judicialmente serio o no, debería recordarse que casos como el de Milagro Sala o Sueños Compartidos terminaron perjudicando infinitamente más a los beneficiarios de esos planes que a sus conductores, sospechados de corrupción o al menos manejos discrecionales y poco claros.
Por lo pronto, el manejo de estos fondos ya abrió grietas en el gabinete presidencial y dividen aguas en los sectores del oficialismo que también se disputan el control del territorio en las zonas más vulnerables, empezando por el siempre explosivo GBA. Son peleas cruzadas entre los propios movimientos que empapan al peronismo en su conjunto (empezando por el kirchnerismo y el massismo bonaerenses, atenti a este dato) y ya llegaron hasta los salones de la CGT: las organizaciones quieren su lugar en la central obrera como representantes de los trabajadores sin trabajo agrupados territorialmente.
Hay que decirlo: fueron una parte importante de la solución para el desastre del 2001/2002 y fueron parte de la convivencia sin estallidos considerables desde entonces. Pero cuidado: en un país signado por la pobreza y la emergencia, el engorde de una “aristocracia piquetera” como fin en sí misma, puede terminar siendo una parte sustancial del problema. Y carísima.
por Edi Zunino
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