Una docena de médicos de primerísima línea, todos representativos de las principales entidades profesionales del país, denunciaron al juez en lo Civil y Comercial Javier Pico Terrero por ordenarle al Sanatorio Otamendi que le suministrara dióxido de cloro a un paciente infectado de Covid-19.
Hicieron bien los médicos. Pero la denuncia debería replicarse ya mismo en las más altas esferas del Estado, para que se ubique el caso donde debe estar: se trata de un tema de salud pública, de extrema salud pública, y no debe quedar como apenas una defensa corporativa de médicos que no quieren someterse a más presiones judiciales que las provenientes de una eventual mala praxis.
Cualquier sistema público básico debe contar, antes que nada, con la confianza de la población. Se supone que la sociedad invierte millones y millones en ese sistema para que tanto médicos como instituciones puedan tomar decisiones múltiples, simultáneas y rápidas en beneficio de la salud de cada paciente.
Se supone que la Justicia, otro de los sistemas que requieren confiabilidad para poder funcionar, no imparte salud ni educación ni seguridad, sino que debe resguardar a quienes no hayan recibido los deseables buenos servicios en ese sentido. La Justicia no puede ordenar la buena praxis, debe garantizarla castigando la mala.
El dióxido de cloro es una sustancia ilegal. Está bien que los médicos e instituciones médicas se nieguen a ofrecer supuestas soluciones no probadas, mucho más si han sido expresamente objetadas por autoridades en la materia a todo nivel. Tanto nuestra ANMAT como la Organización Panamericana de la Salud, para citar sólo dos ejemplos, han dicho por escrito que la ingesta del dichoso dióxido de cloro reacciona rápidamente en los tejidos humanos y puede causar irritación en el esófago y el estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. Además, su inhalación puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo.
¿Vos le darías ese remedio a tu mamá?
El despropósito supera todos los límites, al punto que al mismo tiempo se está denunciando al médico que se lo recetó al paciente -finalmente fallecido a los 92 años- mientras se acusa a la clínica que se negó a suministrárselo. Que esa discusión se de en una mesa de bar o en Twitter vaya y pase, es inevitable. La politiquería, ya sea de cafetín o mediática, resiste cualquier barbaridad, pero a la hora de hacer justicia (acto que empieza por prestar atención a lo que NO ES legal) la cosa debería ser más seria.
La politización de la pandemia es un fenómeno global. Y grave, porque confunde a la población, la desalienta y la enfrenta donde más de acuerdo habría que estar: el cuidado de la salud y la vida. Pero esta especie de judicialización preventiva de la medicina ya parece demasiado.
Una mala praxis implica negligencia y dar medicamentos claramente desaconsejados por peligrosos es mala praxis. Si un juzgado recomienda que se hagan las cosas mal, es decir, fuera de la ley, y nadie hace nada desde el Gobierno, desde el Congreso o desde el Consejo de la Magistratura para escarmentar a un juez que promueve un peligroso viva la pepa, literalmente no tenemos salida.
O, como dice el refrán: nuestro remedio es peor que la enfermedad.
por Edi Zunino
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