Más allá de la impresionante contagiosidad del virus, esta pandemia tuvo el poder de desnudar situaciones a las que “la normalidad” nos tenía demasiado acostumbrados. O que las pasábamos por alto, producto de tantas otras urgencias. Tuvo ese poder la pandemia, entre otras cosas, porque hoy la comunicación es al instante. La noticia llega más rápido que un santiamén. Y todo este tiempo hubo mucha más gente conectada, producto del encierro (y también de la conmoción). Más información, más veloz para más gente: ¿me explico?
Pongo un ejemplo muy cercano, al menos geográficamente, de cosas que desnudó la pandemia: según Horacio Rodríguez Larreta, que no es kirchnerista, sólo en la Ciudad de Buenos Aires (el distrito más rico del país) hay en estos momentos 5.100 pibes “fugados” del sistema educativo por falta de tecnología y conectividad, y es necesario salir a buscarlos “a la antigua”, es decir, casa por casa, para que vuelvan de algún modo a la escuela. ¡A la escuela! ¡A punto de celebrar a Sarmiento una vez más!
Hoy, sin tecnología y sin conectividad, no existís. Y si los que no existen son los pibes, de qué futuro hablamos. Sin embargo, aún así genera polémicas y acusaciones el decreto presidencial que declaró, este sábado, a internet, la telefonía y la tele por cable o señal “servicios esenciales” en los que el Estado debe regular algunos aspectos, como el alcance y, por eso, las tarifas.
Salvo lo de las tarifas, nadie hasta ahora salió a discutir el fondo del asunto. Digamos que ya el valor de la comunicación y la información es comparable con los del agua, la luz y el gas para vivir civilizadamente. Y digamos que, con el paso de las décadas, se fue perdiendo de vista que los mencionados son servicios públicos, privatizados pero públicos, tercerizados por el Estado al igual que las frecuencias de radio y televisión. Pero lo que se discute es la forma, el Decreto de Necesidad y Urgencia, la falta de debate previo y todo en un clima político enrarecido y con el antecedente de la Ley de Medios, en cuanto sinónimo del “odio” de Cristina Kirchner hacia el Grupo Clarín.
Desde el Gobierno también se detienen en las formas. Sostienen que el DNU es legal porque internet, la telefonía y el cable son considerados derechos humanos por tratados internacionales a los cuales adhirió la Argentina y, por eso, tienen por sí mismos fuerza de ley. Y si tienen fuerza de ley, sólo debe reglamentárselos por decreto. Esta tarde la comisión bicameral va a definir la legitimidad del DNU.
Claro que la forma hace al contenido. Exagerando, ni la mejor idea es buena a punta de pistola. Y parece haber una necesidad y una urgencia cada día más primordial de un tiempo a esta parte: caído en las encuestas y patinando en varios terrenos, Alberto Fernández se ve obligado a dar señales de autoridad con palabras y con actos que reafirmen su poder. O acaso le permitan hacerse del poder (cosa que no se logra con tener sólo la banda y el bastón).
En términos políticos, ser y parecer significan casi lo mismo. Tener razón no se decreta. En todo caso, la razón se logra convenciendo, persuadiendo, negociando. En democracia, es una construcción. Si Alberto rompe a lo Cristina y encima rompe por el mismo lado que Cristina, tal vez logre durar, pero jamás unir. Y eso es lo que prometió en campaña.
por Edi Zunino
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