Tiene razón Elena Highton de Nolasco: su salida de la Corte Suprema justifica ser catalogada como un “fin de ciclo”. El 1 de noviembre se va a llevar con ella la única medalla que acompañó a Néstor Kirchner hasta la tumba. El sueño de “la mejor Corte de la Historia” se esfumó hace rato, pero el círculo se cierra con Alberto Fernández -que tanto tuvo que ver con aquellos nombramientos de hace 17 años como Jefe de Gabinete- sentado en el Sillón de Rivadavia. Hay que darle las gracias a Highton: aportó mucho como jueza y como mujer. Aun así, recién ahora que decidió irse va a dejar de ser parte de un gran problema: la Justicia sigue estando entre las instituciones más desprestigiadas del país. Y si la Justicia no goza de prestigio, la sequía de credibilidad complica todo el sistema democrático.
La discusión sobre la Corte Suprema nada tiene que ver con la capacidad o el talento de quienes la integran. Radica en que la ola de ejemplaridad que pareció imponerse cuando en 2004 se terminó con la llamada “mayoría automática menemista” terminó resultando inútil para horadar el muro de politización y privilegios que separa de la sociedad a los tres poderes del Estado.
A los jueces se los designa en conciliábulos legalmente elitistas y si esos mismos magnos ámbitos llegado el momento lo consideran, pueden permanecer en sus cargos hasta el final de sus días. La propia Highton está renunciando trece meses antes de cumplir los 80, cuando el límite deseable para completar la magistratura, según la Constitución Nacional, son los 75 años. Se ve que la eternización en los cargos públicos es un mal que excede a los líderes políticos o sindicales y va más allá de las malas o buenas personas.
Fíjense qué contrasentido del sistema. Se puede ser profesora universitaria hasta los 60, con opción a los 65 y ahí hay que jubilarse sí o sí. O sea: Highton, por ejemplo, es vieja para enseñar Derecho a nuevas generaciones de abogados ávidos de conocimientos teóricos y experiencias prácticas, pero no lo es para decidir en última instancia sobre la libertad y los bienes de las personas, al definir sin más opciones la legitimidad constitucional de las decisiones tomadas en los estratos judiciales inferiores. ¿No privilegia eso el poder más que el prestigio?
Ni hablemos sobre la dilatada discusión en cuanto a si los magistrados deben pagar o no el impuesto a las Ganancias. El tema suele ser tomado por la política como una amenazante chicana hacia la Justicia, para tratar de tenerla de su lado. Pero el problema va más allá: las personas comunes presencian esas discusiones pensando en la elasticidad cotidiana de sus propios bolsillos. Pregunto: ¿el prestigio y la credibilidad deberían tener algo que ver con cierta normalidad? Si la igualdad ante la ley excluye a quienes deben aplicarla, es obvio que serán vistos como una casta que vive otra realidad.
Hablaba de conciliábulos y el último de ellos parece haber sido la gota que rebasó el vaso de la propia Doctora Highton. Producto de su notable ausencia y la de Ricardo Lorenzetti, la designación del nuevo presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dependió de nada más que tres votos: el del propio Rosatti, el de Carlos Rosenkrantz (que pasó a ser el vice) y el de Juan Carlos Maqueda. Nadie duda de la capacidad y el talento de ninguno de los tres, más allá de sus diferentes formaciones, posturas y estilos. Bien o mal, el problema se centró en otro lado. Según la Real Academia, la palabra decoro significa: “Comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada categoría y situación”. ¿Se acuerdan del asunto aquel de la mujer del César? Bueno: también debería caber para los caballeros de la Corte o el ámbito representativo que sea, ya que están en juego la credibilidad y el prestigio de las instituciones.
La versión más confiable sobre los motivos que llevaron al adiós de Elena Highton es “cansancio moral”. Entre esos mentideros de palacio, se llegó a decir en estos días: “Rosatti se hizo elegir capitán del Titanic con el agua al cuello”.
Hay reformas judiciales en veremos. La composición y el número de la misma Corte Suprema está entre ellas. El asunto es político. Y se agrava más porque la política se autoimpuso una impotencia crónica para resolver temas importantes. La sublimación del desacuerdo sólo permite consensuar una lógica de campaña electoral permanente.
por Edi Zunino
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