El debate de hace dos años sobre si en Bolivia se había dado un golpe de estado o un acto en defensa de la República parece haber quedado definitivamente saldado. El país vecino tiene autoridades surgidas de elecciones sin cuestionamientos desde fines de 2020 y, pese a las manipulaciones que hubiera intentado Evo Morales para eternizarse en la Presidencia, antes de aquella asonada, las urnas ratificaron a su partido, el Movimiento al Socialismo, como la fuerza política con más respaldo en la población. Fue un triunfo arrasador, la verdad, de 55 a 28 en primera vuelta.
Demos por hecho, igual, que el juicio a los golpistas que se inicia hoy en La Paz, más allá de lo que terminen decidiendo los jueces, va a tener un alto contenido político que la gestión del economista de izquierda Luis Arce intentará que funcione como agua para su molino. Sus ministros de Gobierno y de Justicia, por ejemplo, se auto constituyeron en virtuales voceros judiciales. De todos modos, las pruebas reunidas contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, los exjefes de las Fuerzas Armadas y otras figuras del establishment del movimiento que derrocó a Morales parecen contundentes. Se les imputan, además de los delitos constitucionales de sedición, terrorismo y conspiración, las masacres de Sacaba y Senkata, donde se computaron medio centenar de muertos y cientos de heridos. El fiscal pidió 10 años (lo citados ministros, 12) para Áñez, que está detenida en la cárcel de Miraflores y se declaró en huelga de hambre desde ayer.
Los argumentos de su defensa son políticos. Cuestionan la dependencia de los Tribunales respecto del gobierno y califican a Morales y a Arce como “machos del poder”, en una clara opción por el discurso de género. Por lo demás, sigue considerando aquella interrupción de la normalidad constitucional mediante un complot cívico-militar de derivaciones violentas como un acto republicano y patriótico, por encima de lo que indican las leyes bolivianas. La defensa sostiene que “cumplió con su deber ante un vacío de poder”, pese a que, en tal caso, los reglamentos son muy claros en cuanto a que deberían haber asumido representantes del bloque mayoritario, representado por el MAS. También exigen que el proceso sea presencial y no virtual, para preservar todas sus garantías defensivas, o se lo dé por nulo.
Su estrategia de victimización se ampara en el deterioro de su salud física y psicológica: sufrió picos de hipertensión, cayó en pozos depresivos y se autolesionó un brazo, en un intento de suicidio en el que muchos vieron un acting táctico.
Pero la situación de Jeanine Áñez se complica, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que incrementó su prestigio en la condena a los autoritarismos en Venezuela y Nicaragua, no hizo lugar a sus quejas y reclamos, entre los cuales está el de ser considerada una presa política. Aun así, los expresidentes Mauricio Macri (Argentina); Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), José María Aznar (España); y Vicente Fox y Felipe Calderón (México) sostuvieron en un comunicado conjunto que "la expresidenta tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, del debido proceso y de una tutela judicial efectiva”, aunque sin expedirse concretamente sobre su inocencia.
Áñez anunció su huelga de hambre con una carta pública que termina diciendo: "Pido perdón a Dios por esta acción contra mi ser".
por Edi Zunino
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