Una de las primeras cosas que hizo Alberto Fernández como presidente fue bendecir la creación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. La UTEP se creó con un acto en el micro estadio de Ferrocarril Oeste el 21 de diciembre de 2019 y el flamante mandatario les mandó un video desde Olivos, donde les decía: “Es muy bueno que hoy estén sellando la unidad para la conformación de un nuevo sindicato. La unidad es una fuerza singular. Con unidad van a poder lograr que la sociedad los reconozca como actores de este presente. Ustedes, como fuerza son parte de este Gobierno y muchos de ustedes ocupan cargos. Hay un Estado que los reconoce. Los abrazo. No aflojen y feliz Navidad”.
Digamos que no aflojaron. Vino la pandemia, se profundizó más todavía la crisis y los movimientos sociales –que son la esencia de la UTEP- se arraigaron más en los territorios donde estaban, alrededor de los comedores populares y de una ayuda oficial que en estos tiempos se extendió hasta casi la mitad de la población, en sintonía con los índices de pobreza. El viernes pasado, al anunciar una gran marcha para el sábado 7 desde Liniers hasta Plaza de Mayo por San Cayetano, el dirigente Juan Grabois llamó la atención con un pronóstico sombrío: “La relativa estabilidad que se mantuvo durante el tiempo de la pandemia, lograda por algunas medidas del Gobierno y la formidable red de cohesión comunitaria que por décadas tejimos movimientos sociales e iglesias, no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente”.
El mensaje y la marcha, que fue verdaderamente multitudinaria, pegaron más duro en el Gobierno que en ningún otro lado. Primero, porque es ahí donde se definen las políticas sociales y donde se está oficializando la designación de un nuevo ministro del área. Segundo, porque las propias agrupaciones piqueteras siguen teniendo representantes en reparticiones estatales de distintos niveles, desde el Estado nacional hasta las municipalidades, sobre todo en el explosivo conurbano. Y tercero, porque la UTEP le genera al peronista Alberto Fernández una tensión extra, entre las tantas que tiene para mantener la paz interna en el Frente de Todos: sus representantes quieren conquistar sillones también en la CGT, cuyos principales dirigentes se resisten con uñas y dientes. Por lo bajo, los “Gordos” lo explican así de clarito: sería permitir que los “zurdos” les copen la parada.
Mientras los gremios tradicionales se mantienen en caja –en buena medida estimulados por paritarias que rondaron el 40 por ciento y más-, el Ministerio de Trabajo avaló los estatutos de la UTEP antes de la demostración de fuerza del sábado por “tierra, techo y trabajo”. Los piqueteros tomaron esa aprobación como una concesión que los acerca más a integrar la central obrera, pero también –o sobre todo- como una tibia compensación a los pocos espacios que lograron en las listas de candidatos para las elecciones de noviembre.
La dimensión piquetera se extiende entre la crudísima realidad social y un equilibrio político bastante ficticio, que siempre está al borde del no va más. Hace un rato, uno de sus funcionarios más componedores, el evitista Fernando “El Chino” Navarro, le avisó al inminente ministro de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, que ya tuvieron diferencias con su antecesor –el massista Daniel Arroyo- y que después de las elecciones “va a haber que discutir muy seriamente el tema del trabajo en la Argentina”.
Todo esto significa una sola cosa comprobable: a los movimientos sociales se los puede querer, tolerar o despreciar, pero toda la dirigencia política sacó ya la conclusión de que, a esta altura del partido, ignorarlos sería suicida.
por Edi Zunino
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