Ayer, los tres jueces de la discordia -Bertuzzi, Bruglia y Castelli- pidieron licencia ante la Corte Suprema, después de que el Senado y el Ejecutivo les ordenaran volver a sus puestos anteriores, para espanto de la oposición política y mediática. Mauricio Macri los había trasladado por decreto, pero ahora el Congreso y otro decreto presidencial dieron marcha atrás y debe decidir el Máximo Tribunal.
Mientras preparo esta columna, el Gobierno porteño se está presentando ante la misma Corte para quejarse por el hachazo que le dio Alberto Fernández a los fondos coparticipables, en el contexto del estallido policial bonaerense de hace 10 días. Mauricio Macri había subido dichos fondos por decreto en enero de 2016 para que la Ciudad pueda sostener su policía y ahora un nuevo decreto presidencial dio marcha atrás -en una parte, no en todo- y debe decidir el Máximo Tribunal.
Lo que denominamos “judicialización de la política” tiene un costado gravemente distorsivo del que se habla mucho y se resuelve poco y nada: el uso de los jueces y los fiscales como armas para destruir a los adversarios, eso a lo que los kirchneristas dieron en llamar “lawfare” y ahora ciertos macristas también, porque se dio vuelta la tortilla.
Pero la tan meneada “judicialización de la política” tiene otro costado, más distorsivo todavía: termina cediendo los actos de gobierno al poder democrático que nadie puso allí esencialmente para eso. Y, así, se desnaturaliza la base de la propia democracia: el voto popular, que designa gobernantes y legisladores, pero no jueces.
Fíjense en este detalle: un poder al que la política le niega todo el tiempo el manejo autónomo de sus propias finanzas termina decidiendo, a pedido de la política, sobre cómo es correcto usar las cajas más voluminosas del país, empezando por los fondos coparticipables y los previsionales, que siempre están en disputa porque la plata nunca nos alcanza.
Hay más: según todas las encuestas que miden el prestigio social de las instituciones argentinas vienen señalando, desde hace rato, que el Poder Judicial es el menos popular de todos. El actual Gobierno creyó que eso le daba espacio para impulsar una reforma que es considerada necesaria, pero sin interferencias especulativas que puedan consolidar a una Justicia dependiente del que circunstancialmente sea más fuerte.
“El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”, dice la Constitución Nacional, y para eso se va a elecciones que nos sacan de quicio cada dos años un poco y cada cuatro, ni te cuento. Ahora bien: si los representantes tampoco son quienes gobiernan, ¿qué pito toca la sociedad en este asunto de la Democracia, de la República, de la Patria y de la Mar en Coche?
Dentro de la Corte Suprema, que es muy permeable a todas estas tensiones, hay, sin embargo, un acuerdo tácito en que la política le vive derivando sus responsabilidades de gobierno. ¿El Congreso puede o no puede sesionar por Zoom? Decide la Corte. ¿Es conflictivo el tránsito de personas entre distintas jurisdicciones en medio de la pandemia? Decide la Corte. ¿No se ponen de acuerdo 7 provincias en cómo debe repartirse el Fondo Sojero? Decide la Corte (sólo esa repartija del impuesto a la soja casi duplica el presupuesto judicial que, vale insistir, no maneja la Corte).
Según la misma Carta Magna, el presidente de la Corte Suprema puede llegar a conducir los destinos del país sólo si antes renunciaron o se murieron el Presidente de la Nación, el Vice, el presidente provisional del Senado y el titular de Diputados. Está prevista la excepcionalidad de darle todo el poder, en quinta instancia, a la Corte. Sin embargo, aquí es bastante frecuente hacerlo de pedacitos sin que se vaya ni fallezca nadie. Para algunos en el Palacio de Justicia, todo esto compone un verdadero “escándalo institucional” generado, vaya paradoja, por quienes deben administrar el juego de las instituciones. Otros, acaso más pragmáticos y menos dramáticos, parafrasean a Carl Von Clausewitz: “En tiempos de paz, la justicia es la continuación de la política por otros medios”.
por Edi Zunino
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