El 17 de agosto de 1989 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Reforma del Estado.
La norma fue convalidada a poco más de un mes de haber asumido la presidencia el riojano Carlos Saúl Menem.
La iniciativa siguió lo estipulado por el Consenso de Washington e inició un proceso de privatizaciones que marcó la última década del siglo XX en Argentina.
A principios del 89, el economista inglés John Williamson había elaborado un “decálogo de recomendaciones” para los países emergentes.
Dichos “consejos” contaban nada menos que con el aval del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Las recetas apuntaban a lograr una supuesta “modernización” de los Estados del tercer mundo, en pos de superar las crisis recurrentes de sus economías y emprender, de este modo, el soñado camino del desarrollo.
En ese contexto, los Estados nacionales debían dejarle paso a la iniciativa privada, caracterizada por la “eficacia, eficiencia y transparencia”.
La reforma del estado fue impulsada por el oficialista Partido Justicialista junto a sus aliados circunstanciales, entre ellos la UCeDe.
Su líder, Álvaro Alsogaray, sostenía por aquel entonces que “achicar el estado es agrandar la Nación”.
El proceso de privatizaciones se inició al año siguiente con Aerolíneas Argentinas y Entel.
De este modo, el Estado argentino se fue retirando de lo que eran hasta ese momento sus funciones básicas.
Quien estaba a la cabeza de las privatizaciones de empresas estatales era el por entonces ministro de obras públicas Roberto Dromi.
Lo cierto es que el impacto sobre las cuentas públicas fue positivo desde el punto de vista económico.
Las ventas de los activos significó una generosa entrada de dólares que ayudó a mejorar sustancialmente las cuentas fiscales.
De esta forma, la reforma del Estado se constituyó en una parte fundamental de las políticas neoliberales aplicadas durante la década del noventa.
Sin embargo, lejos de cumplir con las premisas que pregonaban sus impulsores, los resultados contribuyeron, a mediano plazo, al deterioro de las condiciones de vida de la población.
Hubo un aumento de la desigualdad, del desempleo y la pobreza.
El resultado fue una situación social cada vez más deteriorada que terminó explotando en las jornadas de fines de diciembre del 2001 durante el gobierno de Fernando De La Rua.
El 17 de agosto de 1989 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Reforma del Estado.
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por Radio Perfil
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