Vivimos en un país donde llegar a presidente representa, en línea con la idea de la calma que anticipa la tormenta, algo así como la gloria que anticipa el auto de procesamiento.
Ese vicio del modo argento de ejercer y salirse del poder es un lastre ante institucional y hasta pre Independencia, diría, viendo cómo quedó parado en la historia el virrey Sobremonte, cómo terminó fusilado el héroe de la Reconquista y también virrey, Santiago de Liniers, y después Posadas y Alvear y Dorrego y… bueno, en síntesis, ser consagrado líder hoy ha funcionado como carátula del relato delincuencial de mañana.
Es cierto que nos hemos civilizado un poco. El fusilamiento o el degüello ya no corren como en el Siglo XIX y tampoco los golpes de Estado, como durante tres cuartos completos del Siglo XX. Desde 1983 para acá no terminamos de definir, como en una especie de dilema del huevo o la gallina, si nuestra inconsistencia democrática proviene, en gran medida, de la politización de la Justicia o de la judicialización de la política. (El salvajismo se reduce a las redes sociales y ciertos subgéneros periodísticos).
Raúl Alfonsín fue perdonado por el tiempo y santificado posmortem. De la Rúa ni eso, pobre. Tampoco Néstor pasó a la inmortalidad inmaculado, aunque Cristina superó a Menem afirmándose en el Senado de la Nación desde su sillón principal. Macri está siguiendo su propio destino procesal. Y Alberto Fernández, como todos los anteriores con mayor o menor éxito, transita el tiempo de empujar una reforma judicial. ¿”Su” reforma?
El tema de las reformas judiciales es una gran curiosidad de nuestra democracia. Todos la quieren cuando son oficialismo, todos la cuestionan cuando son oposición y todos, antes o después, refuerzan la desconfianza absoluta y el desprestigio supremo de uno de los supuestos tres poderes fundamentales de la Nación.
Se supone que el lunes, si no vuelve a postergarse por desacuerdos internos y frenos externos, el Presidente va a hacer público su proyecto de reforma judicial, que pasaría, básicamente, por licuar el poder individual de los jueces federales multiplicando por cuatro los juzgados del fuero y habrá que ver si ampliando la Corte Suprema o no. Parece que no, pero la idea está.
De por sí, una reforma de ese tipo ampliaría el costo del sistema, pero si agilizara su funcionamiento sería un gasto, digamos, bien hecho. El asunto es que la tensión no pasa por ahí, sino por observar con cuatro ojos y con lupa dónde está la trampa. La oposición advierte que esta reforma está pensada a la medida, ya no de las preocupaciones futuras del eventual “Alberto perseguido” de mañana, sino de la situación judicial de Cristina iniciada en las causas de ayer.
El Presidente pretende pasar por alto las suspicacias, las insidias y las sospechas fundadas armando un Consejo de Notables del Derecho, a tono con su propia profesión y con el modelo “científico” diseñado para enfrentar la pandemia. Pero claro: la Salud no está tan politizada como la Justicia y los mismos pergaminos que en una significan prestigio, en la otra implican mala fe. Sospecha. Algo turbio. Por injusto que sea, por lo menos medio país va a ver con malos ojos que un reputado jurista como Carlos Beraldi sea de la partida, por una sencilla razón: es el abogado de CFK.
Y tal vez esta reforma no sólo merezca ser seria, sino también parecerlo: se juega la credibilidad del sistema. Empezando por la del propio Presidente de la República.
Columna de Edi Zunino para Radio Perfil FM 101.9
por Edi Zunino
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