Tiene razón el Presidente: hace falta una reforma judicial, la prometió en campaña y nunca va a ser el momento ideal para eso ni para nada, así que tranquilamente puede ser ahora.
Y se equivoca la oposición: en vez de cacarear todo el tiempo por lo malos, malos, malos que son los fucking peronistas, deberían aprovechar el momento para abrir el debate, hacerlo público y multisectorial, garantizar su transparencia y, para eso, abrir todos los closets evitando que ninguna trampa pueda pasar desapercibida.
Digo, porque los únicos que pueden perderse las oportunidades históricas no son los presidentes. La argentina también necesita recrear el sentido positivo de ser oposición.
No es tiempo de evitar discusiones. Es tiempo de darlas lo más a fondo posible. Y al sol. A la luz. En este modo bochornoso de politizar la justicia sin administrarla ni suministrarla reside uno de los mayores descréditos de nuestro sistema democrático. Para merecer una democracia que funcione, lo primero es hacerla funcionar. Que arranque. La nuestra tiene casi 40 años.
Claro que Alberto Fernández tiene delante la principal responsabilidad institucional, que para eso se lo votó y, por eso mismo, corre el mayor riesgo de perderse -él también como la mayoría de sus antecesores- la oportunidad histórica de poner aunque sea un poco a la Argentina de pie.
Quiero decir que no sólo prometió reformar la justicia y los servicios de inteligencia. Ante todo prometió que volvían mejores… Bueno… A veces no se nota. O cuesta percibirlo. O al menos dejan abiertos amplios márgenes de duda.
Ayer, en medio de la euforia -digamos merecida- por el acuerdo con los acreedores, el Presidente dijo algo que en parte es cierto, pero las medias verdades también pueden ser medias mentiras. Dijo que “es grave que un fiscal procesado como Carlos Stornelli siga en funciones”. Por un lado, dadas las circunstancias mugrientas del asunto, sí, en efecto, es grave. Pero, por otro lado, aquello que le cabe a Cristina Kirchner también le cabe a Stornelli (y a cualquiera, según la Constitución): nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Acaso en ese modo parcial de sopesar lo que es peligroso con lo que sería justo, Alberto tapa su propia historia en la relación con el mismo Stornelli.
En 2007, pleno escándalo de las supuestas coimas en el Caso Skanska, en una movida relámpago, los kirchneristas y los macristas, juntos y a la vez, dejaron de un plumazo sin juez y sin fiscal una causa que, trece años después, sigue tan abierta como empantanada. Mauricio Macri se llevó al juez del caso, Guillermo Montenegro (hoy intendente marplatense), para nombrarlo ministro de Seguridad. El mismo cargo se le dio al fiscal del caso, Carlos Stornelli, en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Daniel Scioli.
Alberto venía de ser jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y reasumía el cargo con Cristina. Decía que el Caso Skanska era “un tema de corrupción entre privados”, mientras la empresa constructora sueca echaba a 14 gerentes por coimeros.
Pongamos que es cierto que un fiscal procesado genera sospechas sobre cómo se imparte justicia. Pero descabezar por completo una causa, dejarla sin juez y sin fiscal, es directamente anularla. Dejarla políticamente out. Nada que ver con impartir justicia. Menos con despolitizarla.
Ya hemos hablado aquí, también, de todo lo que oculta el kirchnerismo sobre su relación con los servicios de inteligencia que controló, sin conflictos, durante 11 años y medio de los 12 y medio que gobernó en la etapa puramente K.
No hay justicia sin memoria y sin verdad. El juego de palabras emociona a los oficialistas (y está muy bien). Pero la memoria selectiva o mutilada y la verdad partida al medio son manipulación. Oportunismo puro.
por Edi Zunino
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