Si alguien, en esta era de la inmediatez total, se sigue enterando de lo que pasa por las tapas de los diarios en papel, hoy estará convencido de que el designado ministro de Justicia, Martín Soria, es un incontinente verbal que debutó traduciendo las irrefrenables ansias de impunidad de Cristina Kirchner, que vendrían a constituir la misión central del reemplazante de Marcela Losardo.
Título principal de Clarín: “Soria: ‘Cristina quiere que la Justicia la libere de culpa y cargo’”.
Título principal de La Nación: “Soria debutó con ataques a la Justicia y pidió liberar a Cristina ‘de culpa y cargo’”.
Ahora veamos qué dijo Soria: “No hay posibilidad, como se dice, de cambiar a ningún juez de los que juzgan a la Vicepresidenta. Todos los procesos entran en etapa de juicio oral. Lo que quiere Cristina es que esta Justicia la absuelva de culpa y cargo”.
Digamos que lo que dijo Soria fue una perogrullada marca cañón: cualquiera que sea juzgado va a pretender salir absuelto, por propio derecho a la defensa. Claro que Soria dijo eso enfatizando militantemente la expresión “esta Justicia”, léase, en dialecto K, la misma Justicia que victimizó a CFK en nombre del bendito “lawfare”, teoría con la cual Soria está alineado. Él mismo fue quien presentó, como pretendida prueba de ello, una denuncia contra el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, por seis reuniones mantenidas entre 2015 y 2018 con el entonces presidente Mauricio Macri, cronológicamente previas a medidas judiciales trascendentes contra CFK y otros kirchneristas. Digamos que el asunto da para escándalo. O al menos daría, seguro, si semejantes reuniones hubieran tenido a un presidente de signo contrario como partenaire de un alto magistrado.
Claro que, según parece, Martín Soria viene a desempeñar un rol antipático, incisivo y provocador, dada la preeminencia que el oficialismo le viene dando al frente judicial como enemigo elegido para la campaña electoral. Es evidente que se busca una derrota política de lo que se conoce como la “familia judicial”. Ayer mismo entró al Congreso un proyecto para que todos los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, cuya rebaja para los comunes está tratando el propio Parlamento. Sonó a declaración formal de guerra.
Curiosidades de la grieta: la rebaja de Ganancias fue promesa incumplida de la campaña macrista en 2015; el pago de Ganancias por parte de los jueces fue un caballito de batalla de la gestión de Germán Garavano en el mismo ministerio que ahora viene a ocupar Soria. Y ayer, nada menos que Horacio Rodríguez Larreta salió a mostrarse favorable a una reforma judicial, sobre todo en el ámbito federal, aunque le puso un toque de racionalidad al señalar que cualquier reforma es imposible sin consenso, lo cual es absolutamente cierto.
Pues bien: si de un lado y del otro plantean las mismas ideas de reformas cuando les toca ser oficialismo, ¿por qué no se da nunca esa conversación en busca del consenso necesario para lograrlas y avanzar hacia un Poder Judicial confiable?
Será por el negocio de la división electoralista, que parece ser también muy redituable para el “periodismo de guerra”, que sigue dando batallas. El problema es que, a la larga, lo que prevalece es el descrédito a la Justicia y, en definitiva, la desconfianza hacia los mismos que no resuelven el problema porque forman parte del mismo sistema de representación pública.
por Edi Zunino
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