Si medimos cómo les fue a Cristina y a Macri al cabo de sus respectivas presidencias, digamos que Alberto Fernández tiene motivos de sobra para prestarle mucha atención al fantasma de ir preso cuando termine su mandato. Mucho más, pensando que, a diferencia de la una y del otro, todo indica que sigue careciendo de votos propios (algo que, cuando asumió, esperaba haber logrado a esta altura, pero todo se complicó más de la cuenta).
No es casual que haya elegido para el rol de guardaespaldas judicial a Vilma Ibarra, con quien se conocen hasta el último de los gestos por haber sido pareja durante toda una década. Miren si Fernández le prestará atención al asunto, que decidió incorporarla a su entorno político más íntimo pese a cualquier malicioso qué dirán que pueda dar vueltas por ahí, empezando por el de su actual concubina, Fabiola Yáñez, o, más aún, el de la propia CFK, sobre quien Vilma Ibarra no sólo había dicho pestes en notas periodísticas, sino que las plasmó en el libro “Cristina versus Cristina. El ocaso del relato”.
Es cierto que, antes de eso, Alberto ya venía haciendo lo propio y, aun así, la expresidenta lo terminó consagrando candidato a presidente para volver ella como vicepresidenta. Pero diría que lo de Vilma hizo un ruido extra, en su momento, por razones de lo que hoy se llama más masivamente “sororidad”. Ella, que se jacta de ser una feminista bien plantada, no sólo habló de la corrupción y la pobreza crecientes en la etapa cristinista, sino que también desnudó el doble discurso de la viuda de Néstor en materia de género. Tal vez, Ibarra sea el último testimonio simbólico de que Alberto no juega de alfil en el tablero de La Jefa.
En un país desbocado donde se suele gobernar básicamente por decretos que la oposición va a analizar más temprano que tarde como eventuales pruebas judiciales, redactar esos documentos no es un trabajo para cualquiera. Ninguna puntada puede darse sin hilo. Cualquier desliz puede significar la noche más oscura cuando llegue el momento del despoder. Hay quienes, incluso, alegan que el verdadero salvoconducto –o la verdadera misión- del presidente Fernández es arribar a alguna clase de Gran Acuerdo Nacional que incluya alguna clase de amnistía para sus antecesores inmediatos, enredados como están en las telarañas de Comodoro Py. Y eso requiriría interlocutores confiables y de alta capacitación leguleya.
Quién sabe. Por lo pronto, la última pieza redactada por Vilma Ibarra tuvo que ver nada menos que con destrabar la llegada al país de las vacunas fabricadas por Pfizer, por Moderna y por Johnson&Johnson, para inmunizar a menores de 18 años con complicaciones. El decreto está bajo la lupa del Congreso y la secretaria de Legal y Técnica del Presidente lo viene defendiendo junto a otras dos mosqueteras: la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la asesora Cecilia Nicolini.
Más allá de la polvareda politiquera que levantó ese DNU al ponerse en centro de la campaña electoral por cómo se va a componer el Fondo de Reparación para posibles dañados por las vacunas, lo más intrigante quedó “explicitado” (las comillas corren por mi cuenta) en su artículo 4°.
"Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Salud, a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19, de conformidad con las Leyes Nros. 27.275, de Acceso a la Información Pública, 26.529, de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado y normas concordantes, complementarias y modificatorias".
O sea: el secretismo sigue caracterizando el tema por lejos más sensible de la agenda actual. Pero bueno, se supone que se habrán cuidado con celo y por qué no amor de guardaespaldas al refugiarse en tanta ley para no informar todo.
por Edi Zunino
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