Es un abogado penalista muy reconocido y profesor universitario, egresó de la Universidad de Buenos Aires en 1984 con un promedio distinguido. A los 26 años asumió como fiscal federal criminal y correccional, puesto al que renunció dos años después para trabajar en la reforma del sistema de enjuiciamiento penal. Como fiscal federal participó del proceso de extradición de José López Rega y fue secretario letrado durante el histórico juicio a las juntas en 1985. Ocupó el cargo de secretario de Seguridad bonaerense cuando el gobernador Duhalde creó ese ministerio. Volvió a la profesión y se encargó de la defensa del extitular del PAMI Carlos Alderete. Beraldi, en el estudio, fue asesor de Alberto Iribarne durante su gestión en el Ministerio de Justicia, en la presidencia de Néstor Kirchner. Coordinó una comisión que debía redactar un nuevo código procesal penal, en la que trabajó la actual secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y legisladores de todo el espectro. Fue la base del código procesal que está aprobado y aún no entró en vigor plenamente. Luego de la condena a la vicepresidenta por la causa Vialidad, y el viaje de jueces y fiscales a Lago Escondido, junto a empresarios de medios y funcionarios públicos, el abogado defensor de Cristina Kirchner explica los pormenores de la acusación y las inconsistencias que a su juicio se produjeron en la causa, el aire de impunidad que refleja el viaje y la necesidad de encontrar una solución al conflicto político en el Consejo de la Magistratura.
El fallo de la causa de Vialidad no lo sorprendió, entiendo, ni a usted ni a la vicepresidenta, que ya había adelantado que la condena estaría escrita, pero de cualquier forma, ¿cuál es su visión una vez que conoció la condena?
Era un fallo que estaba demasiado anunciado y que lamentablemente se iba a dictar como se dictó. Es un fallo técnicamente arbitrario. Una sentencia, básicamente lo que hace es concluir y sacar las conclusiones de lo que fue el juicio, y este fallo no lo ha hecho. El juicio, la audiencia de debate, ha sido muy esclarecedora en cuanto a que la acusación que se había formulado, tanto desde la perspectiva del supuesto delito de asociación ilícita como en lo que se refería al delito de defraudación fue realmente, no quiero ser exagerado, pero pulverizada por la prueba testimonial y pericial que se fue recogiendo. En esas condiciones, desde mi perspectiva, creo que la sentencia es un caso paradigmático de arbitrariedad. Y ahora viene una instancia recursiva en donde vamos a hacer justamente todos los planteos que van a demostrar esto que estoy afirmando.
¿Usted denunció a los fiscales de prevaricato?
No, yo no he formulado ninguna denuncia en contra de los fiscales. Cristina Fernández de Kirchner, cuando participó del alegato, en su visión o en su función de abogada en causa propia, pidió que se sacara testimonio para que se analizara la conducta del fiscal, justamente porque había incurrido en una serie de contradicciones con la prueba que él mismo había citado y que necesariamente esto tiene que ser objeto de algún tipo de evaluación, ya sea desde el punto de vista disciplinario o bien en una causa penal.
¿Por qué no se unificó la causa de Hotesur y Los Sauces con Vialidad, si lo que se aduce en la causa de Vialidad es que Hotesur son devoluciones de los otorgamientos de obra pública de Lázaro Báez?
Esa es una de las muestras más cabales de que este es un fallo arbitrario, pero esto surge de la propia conducta que tuvo el tribunal oral que dicta esta sentencia. Antes de que el juicio empezara, el Tribunal Oral 5, que es el que tenía la causa de Los Sauces y Hotesur, se lo mandó para que se unificara, y el Tribunal Oral 2, este que dictó la sentencia, dijo que de ninguna manera eso iba a ocurrir porque eran hechos independientes. Si eran hechos independientes, entonces es absolutamente injustificado e inexplicable que se lo tome ahora como un elemento para probar el delito de defraudación. Porque sobre ese tema, en realidad, en este juicio oral prácticamente no se habló nada, ni se probó nada, ni se incorporó ninguna prueba, con lo cual, desde una técnica jurídica, vuelvo a insistir con la palabra, es muy arbitrario que se diga “esto no lo discutimos” y después se lo amerite en la sentencia.
¿Qué sucedió con los mensajes entre Lázaro Báez y Caputo que se encontraron en el celular de Báez, se avanzó en algo?
No, eso debería ser objeto de una investigación en otro tribunal, en otro juzgado. Lo que se puso de manifiesto en el juicio, en el alegato, es que la prueba que se quería encontrar en ese teléfono, que abarcaba un período de dos o tres años, en realidad justamente no avalaba la tesis de la acusación, sino la controvertía. Porque solo había tres mensajes en un período de tiempo tan extenso, y además no eran mensajes en los que interviniera la por entonces presidenta de la Nación. Y por el otro lado, había una gran cantidad de comunicaciones con otros empresarios, lo cual mostraba que desde la Secretaría de Obra Pública no es que se le daba un tratamiento beneficioso o más favorable de lo debido a Lázaro Báez, sino que en definitiva era más o menos como se manejaba ese funcionario.
El fiscal Luciani en su alegato se refirió al “apagón informativo” respecto de que el Congreso no recibía información sobre las obras, ¿nos podría explicar para legos qué importancia tiene eso desde el punto de vista del fallo?
Cuando se construyó la acusación, se hizo sobre la base de que el Congreso había recibido proyectos de presupuesto, y que estos proyectos de presupuesto habían sido votados porque desde el Poder Ejecutivo se había obligado a los legisladores. Una cosa bastante artificiosa, máxime que no era solo un período, sino eran 11 leyes de presupuesto, digo 11 porque un año no hubo presupuesto. En el juicio se demostró por la declaración de todos los legisladores que fueron convocados, Margarita Stolbizer uno de ellos, que jamás había habido ningún tipo de presión, que las leyes de presupuesto se habían dictado y se habían discutido con gran intensidad. Entonces, al final del juicio, dieron vuelta la imputación diciendo: en realidad no es que al Congreso lo habían obligado o a los legisladores los habían obligado, sino que los habían engañado, que habían mandado las leyes de presupuesto sin que estas precisaran cuáles eran las obras que efectivamente se iban a desarrollar en la provincia de Santa Cruz. Esto necesariamente nos obligó a estudiar minuciosamente cada una de las leyes de presupuesto, y nos encontramos con que el fiscal había mentido de una manera, diríamos, burda, porque dentro de las leyes de presupuesto estaban las planillas que identificaban cada una de las obras que se hacían directamente a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Y que en el caso de las obras por convenio estaban también votadas por el Congreso, cada una de esas partidas. Y además mostramos que el Congreso también recibía periódicamente información sobre el avance de cada una de estas obras. Pero mostramos una prueba todavía más concluyente, y es que lo que supuestamente se indicaba como un apagón informativo, es decir, el Congreso votaba algo que no sabía qué era, en realidad era exactamente lo contrario, porque en dos períodos la oposición al gobierno kirchnerista había presentado sus propios proyectos de presupuesto, y en esos proyectos de presupuesto estaban las mismas obras que en los proyectos oficiales se le asignaba a la provincia de Santa Cruz. Es decir, era una inconsecuencia lógica que tenía el fiscal que trató de incorporar al final del juicio, y que fue como un bumerán.
Escuchá la entrevista completa en Radio Perfil FM 101.9.
por Jorge Fontevecchia
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